El último juicio del caso Betis ya tiene sentencia. Diez años después de la denuncia, el exconsejero delegado Luis Oliver y los expresidentes José León y Jaime Rodríguez, al igual que otros cuatro acusados, han sido condenados por las comisiones obtenidas en las ventas de Sergio García y Mehmet Aurelio, al Zaragoza y al Besiktas, respectivamente, durante el mercado veraniego de 2010, también por otras operaciones en las cuales se desviaban dinero del club, ya en concurso de acreedores, a empresas controladas por el empresario navarro. Si bien no tendrán que pisar la cárcel.
El juicio estaba previsto celebrarlo durante todo el mes de enero en la Audiencia de Sevilla, pero tras un acuerdo alcanzado este pasado lunes ha posibilitado que todo haya concluido en tan solo una sesión. Todos los acusados han mostrado conformidad en el acuerdo existente entre defensas, Fiscalía y la única acusación, ejercida por Béticos por el Villamarín.
El Ministerio Público solicitaba inicialmente cinco años de cárcel para Oliver y cuatro para José León por delito de apropiación indebida en concurso medial con un delito de falsedad documental. Además, pedía para ambos el pago de una multa de seis mil euros. En el caso de Sacristán, la pena inicialmente solicitada era de nueve meses de prisión.
El acuerdo al que se ha llegado ha rebajado considerablamente las penas, al apreciarse como circunstancias atenuantes muy cualificada las dictaciones indebidas y la reparación del daño.
Finalmente, tras el acuerdo llegado, se condena a Oliver y León durante diez meses y 16 días de cárcel y una multa de 225 euros. En este caso, lña pena primitiva de libertad ha quedado en suspensión por un periodo de dos años, con la única condición de no delinquir. Por parte de Jaime Rodríguez Sacristán ha sido condenado a una pena de un mes y quince días de prisión, que se sustituye por una multa de 270 euros.
El acuerdo de conformidad alcanzado cierra la relación del club con los tribunales por la gestión de Lopera y, después, de Oliver, ha estado marcado con el pacto accionarial del club con estos dos en julio de 2017.
Entorno a dicho pacto, el Real Betis renunciaba a las acciones penales y civiles contra Lopera y Oliver, que actualmente dirige a un club de primera división de Panamá. Esto hace que en este juicio, por ejemplo, no se hayan solicitado indemnizaciones a los acusados para abonar al club, que ya se muestra resarcido por el perjuicio económico provocado por la gestión de Oliver, León y resto de culpables. Aquí entra en acción la apreciación por la Fiscalía y la acusación de la atenuante de reparación del daño al principal perjudicado, el Real Betis.
Inicialmente, la Fiscalía pedía que Oliver, solidariamente con el resto de acusados, indemnizara al club con más de un millón de euros. Además, al inicio de la sesión el tribunal, por la renuncia expresa del Real Betis a acciones civiles y penales, ha excluido a todas las empresas que figuraban en la causa como responsables civiles subsidiarios y a los partícipes a título lucrativo, entre éstos la exmujer de Oliver.
Los siete acusados, entre los que se encuentran los administradores de cuatro empresas vinculadas a Oliver y que participaron en las operaciones fraudulentas para sacar dinero de los fondos del club, han reconocido los hechos. Los otros cuatro acusados han sido condenados a tres meses y quince días de cárcel y a una multa de 135 euros.
A la salida de la sala de la Audiencia, los condenados se han mostrado satisfechos con el carpetazo a este asunto, especialmente el empresario navarro, quien insistió en que su gestión deportiva al frente del Betis fue muy buena.
Las operaciones fraudulentas
El empresario navarro llegó al Betis en julio de 2010, tras una operación de compra de acciones a Lopera a través de Bitton Sport. Fue nombrado consejero por cooptación. Desde su nombramiento actuó como administrador de hecho del club, según la Fiscalía. La instrucción de esta investigación fue llevada por la entonces juez titular de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. En pleno mercado de fichajes, el club decide vender a Mehmet Aurelio. El medio turco se lo comunica a su representante Bayram Tutumlu, quien fue la persona que contactó con el Besiktas turco para su llegada al club de su país natal en unas condiciones económicas que el club verdiblanco aceptó.
Pero, Oliver, «con la connivencia del también acusado José León, entonces presidente del club, hizo aparecer como el intermediario de la operación a Bastogne Corporación, cuyo administrador único era José María G.S., también condenado. Éste también se puso de acuerdo con otro de los investigados, José Ángel M.S., que a cambio de una suma de dinero, permitió presentarse como administrador de dicha sociedad». Bastogne presentó al Betis una factura en agosto de ese año por 345.000 euros por la mediación en el fichaje de Mehmet Aurelio. Factura que fue pagada por la entidad verdiblanca mediante pagaré.
No fue la única operación de similares características durante aquel verano. Los entonces gestores del Real Betis decidieron también la salida de Sergio García al Español. Se contactó con el Real Zaragoza porque aún tenía un derecho de tanteo sobre el delantero catalán en caso de venta. El Betis le debía al club maño aún 7,2 millones de euros por el fichaje de García temporadas anteriores. El acuerdo entre Betis y Zaragoza, en el que no actuó intermediario alguno, fue que el club aragonés ejercía el derecho de tanteo sobre el jugador por algo más de siete millones de euros, que pagó al Betis compensando la deuda antes citadas y, posteriormente, el Zaragoza vendía al jugador al equipo barcelonés por la misma cantidad.
Paralelamente, las conversaciones con el Español para lograr el acuerdo fueron llevadas por Oliver, con «una leve intervención» del acusado Plácido N.R.D., también condenado, a través de la entidad Sport Transfer, de la que era administrador. A pesar de la falta de intermediación de personal ajeno al Betis, Oliver, de nuevo «con la connivencia de León, que sabía la prácticamente existente mediación» en dichas operaciones, se puso de acuerdo con Plácido N.R.D. para que éste presentase al club verdiblanco, a través de la entidad Sport Transfer, una factura de 590.000 euros como si su mediación hubiese sido relevante para la venta del jugador catalán. Cantidad que el Betis pagó.
Mantenimiento y gestión
Sport Transfer desvió de lo recibido 489.000 euros a la cuenta de Bastogne. Del total recibido por esta mercantil, José María G.S. se llevó 110.000 euros. Y del resto, Bastogne pagó obligaciones personales de Oliver sin que los beneficiarios conocieran el origen de los fondos. Las facturas superaron los 470.000 euros. Entre estos pagos se encontraron algunos realizados a su exmujer.
Pero no sólo hay comisiones en los hechos juzgados. León, siguiente las instrucciones de Oliver y en connivencia con otra de las condenadas, Isabel E.J., administradora de Orión Consultoría y Gestión, suscribió un contrato en septiembre de 2010 con dicha entidad para que ésta prestara servicios de gestión y asesoramiento en el Real Betis. A cambio, la entidad tendría que abonar XMR administrador judicial del club por decisión de Mercedes Alaya, se pagó a esta empresa 146.200 euros, sin que los trabajos realizados justificasen dichas cantidades. El Betis entró en octubre de ese año en concurso de acreedores. José León consintió esos pagos a sabiendas de la falta de prestación de los servicios. Además, Orión emitió y cobró del club facturas por gastos de personas sin vinculación con el Betis por un total que no se ha podido acreditar.
De otro lado, Oliver encargó a una empresa auditora un informe (due diligence) sobre la situación financiera del club. Pero para evitar que dicho informe lo pagara Bitton consiguió que José León, siendo presidente, asumiera el coste de la «due diligence» por parte del Betis. 35.000 euros más. Oliver, a través de testaferros, también controlaba la mercantil Lucerna Technology. El empresario navarro consiguió que Jaime Rodríguez-Sacristán firmara con esta mercantil un contrato para el mantenimiento de las instalaciones de la entidad verdiblanca y gestión del personal. El Betis tenía que pagar a cambio 5.280 euros al mes. Ambos sabían que Lucerna no iba a realizar función alguna. Por los meses de octubre y noviembre, el Betis pagó más de 27.000 euros, de los que se aprovechó Oliver.